Contrataciones en el Extranjero - Reparticiones en el exterior - Cajas chicas: contratos excluidos del régimen -Contratación directa por trámite simplificado.

Valor Procedimental del Dictamen ONC N.º 426/2014 en la Contratación Directa por Exclusividad El Dictamen ONC N.º 426/2014, solicitado por la Dirección General de Administración y Gestión Financiera del entonces Ministerio de Educación de la Nación, aborda un aspecto procedimental específico de las contrataciones directas por exclusividad en su modalidad de adjudicación simple. La consulta consistió en determinar si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares debía ser aprobado en una etapa previa (acto inicial) o si podía incorporarse y formalizarse directamente en el acto administrativo final que adjudica la contratación. La Oficina Nacional de Contrataciones respondió que, en el caso de contrataciones directas por exclusividad con adjudicación simple, no es obligatorio emitir un acto administrativo previo que autorice el procedimiento y apruebe el pliego. Sin embargo, esto no implica omitir esos pasos: tales extremos deben estar debidamente incorporados y aprobados en el acto final de adjudicación. El dictamen, por tanto, no suprime requisitos sustantivos, sino que permite diferir su formalización a fin de simplificar el procedimiento sin afectar su validez legal. Este criterio guarda directa relación con el inciso c del artículo 18 de la Ley Provincial N.º 1015, que regula las contrataciones directas por exclusividad bajo parámetros estrictos. Si bien el dictamen no analiza una contratación concreta, establece reglas aplicables a cualquier procedimiento excepcional: la autoridad competente debe fundar su decisión, aprobar el procedimiento elegido y dejar constancia formal de los pliegos e informes técnicos que acrediten la excepcionalidad invocada. La flexibilidad procedimental admitida no exime de la necesidad de documentar y justificar adecuadamente cada decisión, garantizando así trazabilidad, control y legalidad. En síntesis, el Dictamen ONC N.º 426/2014 complementa la normativa provincial al precisar cómo deben instrumentarse formalmente las decisiones en contrataciones directas por exclusividad, incluso en procedimientos simplificados. Refuerza que la excepcionalidad no permite omitir controles, y que toda adjudicación debe estar debidamente motivada y registrada. Por su alcance técnico, este dictamen resulta especialmente útil para auditores y órganos de control que deban verificar la regularidad formal de estos procedimientos cuando no exista un acto previo al de adjudicación.

Noción general de Crédito Público, naturaleza júridica, emprestito.

Contestación de demanda. ACÁPITE II.3. LA CONDUCTA ANTIJURÍDICA NORMATIVA Y PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIONES PÚBLICAS

Contratación Profesional, dentro del marco de empleo público en otra jurisdiccion. Incompatibilidades.

https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/notas/nota/142/documento

La (Artículo 9.1.d) promueve el uso eficiente de los recursos públicos, lo cual refuerza el principio de economía mediante procesos simplificados. La OCDE (2015), en su Principio VI, sugiere prácticas orientadas a una asignación eficaz de recursos y minimización de costos. La INTOSAI, en ISSAI 5500, destaca la importancia de procesos económicos y eficientes para evitar el desperdicio en la contratación pública.

Dictamen PTN 234:540 - Requisitos Especialidad.

Principios de concurrencia e igualdad. Trata específicamente los efectos anticompetitivos en la contratación pública y cómo preservar la concurrencia efectiva e igualdad entre oferentes. Los autores enfatizan el acceso igualitario a la contratación pública y los deberes de imparcialidad y no discriminación como principios estructurales. Se destaca el deber de la Administración de asegurar condiciones objetivas y no discriminatorias para la contratación, respetando el principio republicano. “La teoría general del contrato administrativo a través de la jurisprudencia de la CSJN”. COVIELLO, P., en “La contratación pública” de J. C. Cassagne, (págs. 89-135). Buenos Aires: Hammurabi. En tanto se describen los límites de la discrecionalidad, se promueve un enfoque de legalidad que sirve de garantía a terceros frente al poder público, lo que remite a la transparencia y a la igualdad de trato.