La RES PL 109/26 verificó un incumplimiento sustancial derivado del reconocimiento de gastos a favor de la firma Araucaria S.A. mediante la figura del legítimo abono, sin haberse tramitado previamente un procedimiento de selección del proveedor, configurándose un apartamiento del régimen general de contrataciones públicas. El Tribunal de Cuentas concluyó que dicha omisión vulneró los artículos 7 y 14 de la Ley Provincial N.º 1015, al haberse prescindido de los procedimientos legalmente establecidos para la contratación estatal y de los principios de juridicidad, igualdad, concurrencia, transparencia y publicidad que deben regir la selección de contratistas, por lo que formuló recomendaciones a los funcionarios intervinientes para adecuar en lo sucesivo su actuación a la normativa vigente. A su vez mencionó, sin perjuicio de no resultar aplicable al caso, la vigencia de la Res. CGP N° 182/2025 cuyo objeto es fortalecer los procedimientos de compras y contrataciones.

Principios de igualdad, economía y eficiencia en la contratación de bienes y servicios en el Sector Pública de la CABA.

Desarrolla el estándar de “buena administración” como un principio general (eficiencia-eficacia), que impone a la Administración pública la obligación de adoptar decisiones orientadas a resultados y basadas en medios racionalmente adecuados. “¿Una tesis "sustancialista" del contrato administrativo?”, González-Varas Ibáñez, Santiago - Varas Ibáñez, Santiago, TR LALEY 0027/00000. Procedimientos y criterios de adjudicación orientados a la obtención de la mejor relación calidad-precio, como expresión de eficiencia. “La importancia del elemento forma en el contrato administrativo. Consecuencias de su omisión en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Canda, Fabián O. En “Cuestiones de contratos administrativos. Jornadas organizadas por la Universidad Austral”, Facultad de Derecho (págs. 35-52). Buenos Aires: RAP. La tesis central del documento es que los contratos administrativos deben evaluarse no solo formalmente, sino por su aptitud para alcanzar los fines públicos. Se resalta que el cumplimiento efectivo de esos fines debe ser el criterio rector. “La teoría general del contrato administrativo a través de la jurisprudencia de la CSJN”. Coviello, P., en “La contratación pública” de J. C. Cassagne, (págs. 89-135). Buenos Aires: Hammurabi. La caracterización de prerrogativas exorbitantes y su control se vincula con la eficacia institucional de los fines públicos.

La Resolución Plenaria N.º 129/2022 del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego analiza la contratación directa por compulsa abreviada de un equipo médico para la terapia intensiva pediátrica del Hospital Regional Ushuaia, detectando un incumplimiento sustancial a la normativa vigente (Resoluciones O.P.C. N.º 17/2021 y 58/2021 y Ley Provincial N.º 1015, art. 27) por falta de acreditación de invitación a tres proveedores y deficiencias en el uso del correo electrónico como medio válido. Si bien no se presume perjuicio fiscal, se advierte un apartamiento grave del procedimiento y se formulan recomendaciones: (i) al Ministerio de Salud para garantizar el estricto cumplimiento normativo en futuras contrataciones, y (ii) a la Oficina Provincial de Contrataciones para reglamentar el uso del domicilio electrónico. El acto se dicta con fundamento en la Ley Provincial N.º 50 y la Resolución Plenaria N.º 122/2018, priorizando el interés público en la continuidad del servicio esencial de salud.

En este fallo de agosto de 2019, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego resolvió que la empresa Medio Ambiente S.A. había sido excluida indebidamente de una licitación pública convocada por la Municipalidad de Río Grande, en contravención de los principios de igualdad de trato y libre concurrencia; en consecuencia, la demanda prosperó parcialmente: se anularon ciertos actos administrativos impugnados y se ordenó que la Municipalidad restituyera a la empresa las sumas pagadas por la adquisición del pliego, el derecho de impugnar ofertas y una cantidad por gastos de participación (admitidos hasta $50.000), más los intereses correspondientes, aunque desestimó la reclamación por lucro cesante o pérdida de chance

Asunto N° 134 - Período Legislativo: 2026 - Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Provincial (Mensaje N° 15/26 de fecha 25 de marzo de 2026) modificando la Ley Provincial N° 1015 (artículos 15, 16, 17, 18, 20 y 34).

La Resolución Plenaria N.º 093/2026 observó que el Ministerio de Educación procedió al reconocimiento y pago de servicios prestados por la Fundación Sadosky sin haber tramitado previamente el procedimiento de contratación correspondiente, recurriendo a la figura del legítimo abono como mecanismo de regularización posterior. Tal actuación resulta incompatible con el artículo 14 de la Ley Provincial N.º 1015, que exige que toda contratación estatal se formalice a través de los procedimientos legalmente previstos, afectando además los principios de legalidad, transparencia e igualdad que rigen la actividad contractual de la Administración, motivo por el cual el Tribunal de Cuentas, habiéndose cumplimentado las pautas temporales previstas en el art. 75 y 51 de la Ley prov. N° 50, formuló recomendaciones al Mtro de Educación para adecuar las futuras actuaciones al régimen vigente.

La Resolución Plenaria Nº 223/2023 del Tribunal de Cuentas analizó el reconocimiento de gasto por servicios de provisión de agua potable mediante camión cisterna en la ciudad de Ushuaia y concluyó que existió un incumplimiento sustancial al artículo 14 de la Ley Provincial Nº 1015, por falta de procedimiento de selección del proveedor. Aunque se acreditó la efectiva prestación del servicio y se descartó perjuicio fiscal, el Tribunal enfatizó que el pago basado en la figura del enriquecimiento sin causa no subsana la irregularidad ni exime de responsabilidad a los funcionarios intervinientes. En consecuencia, recomendó a la Ministra de Obras y Servicios Públicos extremar recaudos en futuras contrataciones, garantizando el respeto estricto a los principios de legalidad, transparencia y concurrencia que rigen en materia de contrataciones públicas.

La contratación propiciada, en virtud de la naturaleza estatal de los organismos intervinientes, y por tratarse el cocontratante de una entidad perteneciente a un Estado extranjero, se encuentra excluida del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, por aplicación del artículo 5° inciso c) del Decreto Delegado N° 1023/01.

La RES PL 025-25 trata sobre la actualización del valor del módulo, expresando que debe observar criterios objetivos, razonables y jurídicamente sustentados, señalando que el período tomado como base para su redeterminación debía guardar concordancia con la fecha de incorporación del módulo al régimen de contrataciones. Este análisis se vincula con el artículo 21 de la Ley Provincial N.º 1015, en tanto el módulo constituye la unidad de referencia para determinar los umbrales económicos de los distintos procedimientos de selección del contratista, por lo que su adecuada actualización resulta indispensable para preservar la eficacia, proporcionalidad y vigencia del régimen de contratación pública.